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La “Encuesta Global sobre Fraude y Delitos Económicos” realizada por PwC en 2020, revela que el 47% de las entidades ha sufrido fraude en los últimos dos años.
El riesgo de fraude es inherente a las organizaciones y son los órganos de gobierno los responsables de mitigarlo. Por ello, cobra especial dimensión las políticas y acciones preventivas enfocadas en frustrar las acciones delictivas y generar sistemas de alertas tempranas para actuar minimizando eventuales daños.
Las siguientes, son algunas acciones que puede implementar el Directorio o la Alta Dirección de la empresa u organización, para asumir un rol activo en la prevención de fraudes:
La responsabilidad de la prevención de fraude es de los órganos de gobierno de las organizaciones, que deben implementar medidas para reducir el riesgo de fraude a niveles aceptables dentro de los estándares de la propia actividad y evitar ingresar a las estadísticas.
Por Dahiana Cortazzo, gerente de Auditoría